En el Estado español hay cerca de 74.000 personas presas, lo que supera a los habitantes de Mérida. ¿A nadie le repulsaría ver a una ciudad entera entre rejas? Pues que no nos engañen por el hecho de tenerlas en prisiones separadas. El sistema capitalista es incapaz de acabar con la delincuencia precisamente porque es incapaz de acabar con la desigualdad económica y, por tanto, de satisfacer las necesidades de la gente. Cerca de un 90% de la población presa lo está o bien por delitos relacionados con la propiedad o con las drogas, lo que pone de manifiesto la utilidad de las cárceles como sustentadoras del status quo y parches del sistema.
Las cárceles de Badajoz y Cáceres tienen 1406 personas entre rejas y sólo hay 750 celdas, por lo que el nivel de hacinamiento asciende al 195%. Y es que las prisiones no dan a basto, aumentan los marginados por un sistema que no entiende de personas si no de nivel de renta (en 26 años se ha pasado de cerca de 20.000 presos a más de 70.000). Un ejemplo ilustrativo de la función represora de las cárceles contra los pobres es el aumento progresivo e imparable de presos extranjeros, cuyo número ya asciende en las cárceles extremeñas a 400, lo que supone un 30% del total.
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