La ceguera de la justicia que nos ciega

Hace unos días aparece una sentencia en la que se pena a una madre a dos años de cárcel y dos años y dos meses de inhabilitación para desempeñar la patria potestad de sus hijos. Es la pena impuesta por sustraer del centro de menores "Ana Bolaños" de Olivenza a sus cuatro hijos. En 2006 la Junta de Extremadura, por la decisión de un juez, decide hacerse cargo de los niños por entender que la mujer no estaba en condiciones de hacerse cargo de ellos.
Para la justicia, que es ciega, no importó lo realmente importante: ¿Por qué se llevó a sus hijos?, a pesar de tener conocimiento de ello, lo que se refleja en la sentencia: " Su afán era sin duda la protección de sus hijos, pero no a través de cauces lícitos". Como podemos ver, la justicia sí conocía los motivos, pero su principal afán, es que los medios que siguió la acusada no eran legales.
¿De qué quería proteger a sus hijos? En la sentencia se señala que "los menores le decían que no los trataban bien, que les pegaban, que les insultaban, y que se querían ir a casa, por lo que es plenamente comprensible ante estos comentarios y máxime en la situación de la acusada, que se había visto privada de la tutela sobre los menores y sólo podía verles cada quince días, que se produjera un estado de ofuscación en su mente". Ahora bien, si ella los sustrajo para protegerlos, pero esa protección iba contra las leyes, ¿acaso no van estas leyes contra las mismas leyes? Con esta sentencia se justifica el maltrato de menores tutelados por las administraciones, quedando impunes los maltratadores y sus responsables, al no haber habido ningún tipo de investigación al respecto. Pero una investigación de este caso sacaría a la luz lo absurdo de la justicia y pondría en evidencia las contradicciones de la existencia misma de las administraciones. Simplemente con hacer una regla de tres, podemos comenzar a ver la magnitud del asunto. Si a los padres se les quita la tutela por el maltrato de sus hijos, ¿qué sucede cuando la tutela de los niños la tiene las administraciones y es esta misma quien maltrata y hace justicia? Está claro, la justicia se ciega a sí misma, quedándose sin respuesta... ¿le quitaría la tutela a la administración para devolverla a los padres que en este momento están encarcelados por hacer justicia? Este tema ya lo trataba Tolstoi, desde uno de sus personajes, en el siglo XIX, y aunque ya estamos en el XXI, las cosas siguen siendo igual: la justicia no es justa, está ahí para perpetuar ciertas estructuras sociales: Mientras inocentes entran en la cárcel, culpables de un rango "superior" quedan impunes, libres y cobrando de lo que se recauda de los impuestos de tod@s l@s ciudadan@s. Mientras que una acción es ilegal si la realizan personas de a pié, esa misma acción cometida por gente "importante" o la propia administración, no es que sea legal, sino que se obvia y como mucho, llegando en algún momento a los tribunales, no se aplica la ley de igual forma para ricos y para pobres, quedando los primeros libres en poco tiempo, mientras que los segundos pasan años en la cárcel.
¿Qué tipo de justicia tenemos? Las instituciones heredadas de las sociedades feudales y posteriormente la burguesas, que constituían en sí -los tribunales-, un seguro para perpetuar su situación privilegiada ante los pobres, desamparados y los propios obreros o trabajadores asalariados, permitiendo el robo de tiempo de trabajo pero impidiendo que los colectivos más desfavorecidos accedan a condiciones de vida más digna.
Volviendo al caso que nos compete, la justicia encarcela a una mujer (y a su compañero sentimental, padre de uno de los hijos de ésta) por querer una vida más digna para sus hijos, pero no investiga, ni intenta saber la realidad que se vive en el centro de menores, se llevan a cabo malos tratos, por los que, en el caso que fueran en el ámbito familiar, se juzgarían y se les retiraría la tutela, pero al ser de titularidad y gestión de la administración, ni se juzga ni se cuestiona ni se castiga a los responsables de unas prácticas detestables como es el maltrato a menores.

Felipe Saraiva